Numerosos ayuntamientos se encuentran en situación ilegal por adjudicar a empresas privadas la gestión de las emisoras municipales de titularidad pública. Esta sentencia llega tras la impugnación vía contencioso-administrativa de la Asociación Catalana de Radio (ACR), que reúne la totalidad del sector radiofónico privado en Cataluña.
(Nota de prensa de la ACR)
La adjudicación de las emisoras municipales de titularidad pública a empresas privadas, mediante concurso o convenio, es una situación que se está produciendo últimamente y que resulta preocupante y de graves consecuencias ya que desnaturaliza el objetivo de la radiodifusión pública de proximidad.
Se trata de una modalidad de gestión expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico ya que, por imperativo de la legislación audiovisual de Cataluña, las emisoras locales (en cuanto a servicios públicos) deben ser necesariamente gestionadas de forma directa por los entes públicos. De modo que constituye una ilegalidad adjudicar la gestión a un particular como hacen, entre otros, los ayuntamientos de Girona, Sant Pol de Mar y Tremp.
Ante esta situación, el ACR se ha visto obligada, en defensa de la legalidad y de los legítimos intereses de sus asociados, a impugnar en vía contencioso-administrativa estas adjudicaciones. Y ha recaído la primera sentencia, hecho firme, dictada por un Juzgado Contencioso-Administrativo que declara ilegal cualquier forma de gestión indirecta del servicio de radiodifusión pública local cuando atribuya el grueso de la gestión al adjudicatario privado sin que desmerezca esta conclusión el hecho de que el «Ayuntamiento se reserve un cierto control sobre la emisora».
