La Asociación Catalana de Radio, entidad que integra el conjunto de emisoras y cadenas privadas que operan en Cataluña -entre las que está Ràdio Associació de Catalunya-, ha denunciado el intento del Departament de Presidència de la Generalitat de Cataluña de abrir el proceso de privatización de las radios municipales y de blanquear las cesiones ilegales que ya se han hecho.
(NOTA DE PRENSA DE LA ACR). Esta es la previsión que se desprende del Proyecto de Decreto Ley que el Departamento ha elaborado con el pretexto formal de adaptarse a la directiva europea, pero dónde de paso quiere forzar la norma para legalizar las cesiones de explotación a empresas privadas de las frecuencias municipales de Cataluña.
La Asociación Catalana ha denunciado al Consejo del Audiovisual de Cataluña y a los juzgados, cuando este organismo no ha actuado, las cesiones de explotación de las que sus asociados han tenido conocimiento. La ACR ha denunciado, entre otras, las privatizaciones de las emisoras municipales de Girona, Sant Pol de Mar, Berga, Santa Cristina d’Aro, Castellvell del Camp (que emitía para todo lo Camp de Tarragona), Santa Coloma de Farners y recientemente Sant Vicenç de Montalt, Sant Sadurní y Sant Just.
Fruto de estas acciones, algunos ayuntamientos han cesado en este procedimiento ilegal de manera voluntaria y en otros casos han sido los juzgados los que han obligado a los ayuntamientos a echarse atrás en las cesiones de explotación a empresas privadas.
En esta situación se encuentran los ayuntamientos de Castellvell del Camp y recientemente Sant Pol de Mar con sentencias judiciales favorables a ACR y contra las cesiones de explotación.
La última sentencia, de 26 de noviembre, declara ilegal y anula el contrato entre el ayuntamiento de San Pol y una empresa privada para gestionar su emisora municipal. La Ley General de Comunicación Audiovisual de Cataluña (22/2005) establece inequívocamente que las radios municipales se tienen que gestionar directamente (arte. 23.1) y permite solo utilizar algunos recursos externos. La sentencia considera probado que el ayuntamiento de Sant Pol incurrió en una notoria infracción de lo que establece la legislación vigente y establece que solo es posible la gestión directa, sin subterfugios ni atajos para saltarse el imperativo legal.
La ACR considera que el Departament de Presidència pretende legalizar “a posteriori” situaciones decididamente irregulares de las emisoras municipales ya citadas y por intereses políticos o empresariales que no tienen nada que ver con los objetivos de la comunicación local.
En última instancia la ACR considera que esto supone facilitar por la puerta trasera, el acceso a la actividad radiodifusora de nuevos operadores privados, y al margen del sistema legal establecido. Esto es la asignación de licencias previstas para la explotación del sector privado a través de los correspondientes concursos convocados por el Consejo del Audiovisual de Cataluña.
En este sentido, la ACR hará llegar las sentencias tanto al CAC como a los secretarios de los ayuntamientos de Cataluña, para evitar nuevos incumplimientos de la norma. Igualmente la ACR hará llegar al CAC la petición que en el próximo concurso se tenga en cuenta la lista de las empresas que explotan ilegalmente frecuencias (piratas o las municipales cedidas) a los efectos oportunos.
