La Asociación Catalana de Radio (ACR) ha denunciando el intento del Departamento de Presidencia de la Generalitat de Catalunya de abrir el proceso de privatización de las radios municipales y de blanquear las cesiones ilegales que ya se han hecho. A pesar de dos sentencias judiciales a favor de la ACR, que consideran ilegal la cesión de la gestión, el Departamento mantiene la voluntad de la privatización mediante decreto ley con la intención de obtener la aprobación en la Diputación Permanente antes del 14 de febrero. La cesión de explotación del Ayuntamiento de Girona, está entre las denunciadas por la ACR y pendientes de sentencia judicial. Dos sentencias recientes avalan la ilegalidad de la cesión.
(NOTA DE PRENSA DE LA ACR). El Departamento de Presidencia de la Generalitat de Catalunya quiere abrir el proceso de privatización de las radios municipales y blanquear las cesiones ilegales que ya se han hecho. Esta es la previsión que se desprende del Proyecto de Decreto Ley que el Departamento ha elaborado con el pretexto formal de adaptarse a la directiva europea, pero donde de paso quiere forzar la norma para legalizar las cesiones de explotación a empresas privadas de las frecuencias municipales de Catalunya.
Esta legalización posibilitará la creación de una cadena de radio que de forma ilícita haga la competencia desleal a las legalmente constituidas. De hecho, la ACR ya ha detectado este hecho en alguna comarca de Catalunya.
La cesión de explotación del Ayuntamiento de Girona entre las denunciadas por ACR
«La prisa por aprobar el Decreto Ley probablemente es debido a las dos sentencias en contra de este tipo de procedimiento que ya ha ganado la asociación» dice Miquel Miralles, presidente de la Asociación Catalana de Radio. Estamos a la espera de la tercera sentencia, ésta en contra del Ayuntamiento de Girona. «Un cambio normativo como el que pretende Presidencia avalaría casos como el del Ayuntamiento de Girona, que sin tener ni personal ni infraestructura de ningún tipo para hacer radio, ya cedió toda la explotación durante el anterior mandato y ha vuelto recientemente. Dar el servicio público local de radio a una empresa privada es ilegal y va contra el espíritu mismo de la comunicación pública local. »
La Asociación Catalana ha denunciado al Consell de l’Audiovisual de Catalunya en los juzgados porque este organismo no ha actuado en los casos de cesiones de explotación de que sus asociados han tenido conocimiento. La ACR ha denunciado, entre otros, las privatizaciones de las emisoras municipales de Girona, Sant Pol de Mar, Berga, Santa Cristina de Aro, Castellvell del Camp (que emitía para todo el Camp de Tarragona), Santa Coloma de Farners y recientemente Sant Vicenç de Montalt, Sant Sadurní y Sant Just.
Fruto de estas acciones, algunos ayuntamientos han cesado en este procedimiento ilegal de manera voluntaria y en otros casos han sido los juzgados los que han obligado a los ayuntamientos a hacerse atrás en las cesiones de explotación a empresas privadas.
En esta situación se encuentran los ayuntamientos de Castellvell del Camp y recientemente Sant Pol de Mar con sentencias judiciales favorables a ACR y contra las cesiones de explotación.
La última sentencia, de 26 de noviembre, declara ilegal y anula el contrato entre el ayuntamiento de Sant Pol y una empresa privada para gestionar su emisora municipal. La Ley General de Comunicación Audiovisual de Cataluña (22/2005) establece inequívocamente que las radios municipales deben gestionarse directamente (art. 23.1) y permite sólo utilizar algunos recursos externos. La sentencia considera probado que el ayuntamiento de Sant Pol incurrió en una notoria infracción de lo establecido en legislación vigente y establece que sólo es posible la gestión directa, sin subterfugios ni atajos para saltarse el imperativo legal.
La ACR considera que el Departamento de Presidencia pretende legalizar «a posteriori» situaciones decididamente irregulares de emisoras municipales ya citadas y por intereses políticos o empresariales que no tienen nada que ver con los objetivos de la comunicación local.
En última instancia la ACR considera que esto supone facilitar por la puerta trasera, el acceso a la actividad radiodifusora de nuevos operadores privados, y al margen del sistema legal establecido. Esto es la asignación de licencias previstas para la explotación del sector privado a través de los correspondientes concursos convocados por el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
En este sentido, la ACR hará llegar las sentencias tanto al CAC como a los secretarios de los ayuntamientos de Catalunya, para evitar nuevos incumplimientos de la norma. Igualmente la ACR hará llegar al CAC la petición que en el próximo concurso se tenga en cuenta la lista de las empresas que explotan ilegalmente frecuencias (piratas o las municipales cedidas) a los efectos oportunos.
